Fecha: 23 de junio 2016
Con el apoyo del Dr. Matías González y el doctor Jorge Calderón, ambos del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina UC, además de los diputados DC Sergio Espejo y Víctor Torres, los PS, Juan Luis Castro y Raúl Saldívar, la independiente Karla Rubilar y la legisladora del PR Marcela Hernando, este 15 de junio se entregó al Congreso chileno un nuevo proyecto legislativo que busca beneficiar a las personas con enfermedades mentales.
Sólo en Santiago se estima que casi 2 millones de personas presentan alguna patología mental. Además, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile es el segundo país donde más ha aumentado la tasa de suicidios en los últimos 15 años, por detrás incluso de Corea del Sur.
Es en este contexto, que en 2014 el Concurso de Políticas Públicas, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, destacó la propuesta “Avanzando al desarrollo de una propuesta de Ley de Salud Mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo”, presentada por los académicos de la Facultad de Medicina UC: Dr. Matías González y Jorge Calderón, ambos del Departamento de Psiquiatría.
Dos años después, esta propuesta finalmente ve la luz con la reciente presentación de un Nuevo Proyecto de Salud Mental, realizada por los académicos de la UC, más un grupo amplio de legisladores.
De ser aprobada esta iniciativa, no sólo podrían tener garantizados sus tratamientos, lo que hoy no ocurre, sino que además, casos como la esterilización de niñas con síndrome de down o la internación no voluntaria de personas, podrían ser objetados.
En relación a esto el Dr. Matías González indicó que “la Organización Mundial de la Salud declaró que nuestros pacientes mentales son los más vulnerables. Por lo tanto, cualquier Estado o Nación que se aprecie de desarrollada, tiene que proteger a la población que tiene riesgo de ser vulnerada en sus derechos básicos. En Inglaterra hay una Ley de Salud Mental desde 1601, se ha revisado 34 veces. Nosotros no tenemos. El 75% de los países tiene una legislación al respecto, entonces estamos incumpliendo incluso derechos humanos”.
El debate en relación a este tema se viene construyendo hace años y progresivamente se ha instalado en distintos actores sociales que hoy están señalando que este tema es importante para nuestro país. “La idea es que los pacientes mentales sean sujetos de derechos, que no sean atropellados sus derechos básicos, que si son internados en situaciones difíciles, sean internados con los estándares necesarios”, indicó el Dr. González.
Hoy en Chile nadie se hace cargo de los pacientes que están en mayor riesgo y eso es justamente lo que quiere esta legislación. Se calcula que 1 de cada 4 chilenos tienen problemas de salud mental y un 17% de la población va a sufrir un trastorno depresivo en algún momento de su vida, el doble de lo que ocurre en Estados Unidos.
“La verdad es que consistentemente en el tiempo nuestro país muestra índices de salud mental que probablemente son peores que en otros países. Las explicaciones de esto tienen que ver con aspectos sociológicos, la construcción social, la falta de cohesión social, las dificultades que están al alero de una sociedad exigente, con un mercado voraz que evita que los individuos puedan integrarse. Pero de este grupo de pacientes, un 3% va a presentar trastornos importantes, que van a significar que éstos tengan restringidas sus capacidades de tomar decisiones”, explica el doctor Matías González, del Departamento de Psiquiatría de Medicina UC.
El Ministerio de Salud en Chile ha impulsado distintos Planes de Salud Mental que tienen como objeto resolver el cómo se organiza el plan terapéutico para los pacientes, pero a lo que se apunta con esta nueva iniciativa, es generar una legislación que proteja a los pacientes que son vulnerados por una enfermedad que les impide dar cuenta de su voluntad en distintos momentos.
Claves del proyecto de ley
Las personas con discapacidad mental pueden tomar decisiones y, si no, tienen derecho a hacerlo a través de su representante legal.
La iniciativa apunta a la prohibición de llevar adelante procedimientos invasivos e irreversibles como los casos de esterilización sin consentimiento. Además, se exige la actuación de la Corte de Apelaciones para autorizar las internaciones involuntarias y supervisar estas internaciones.
Se busca establecer estándares de atención que son los mínimos que debiera tener cualquier chileno o chilena al momento de acceder a los servicios de salud en estas materias.