III Curso de Bioética en Investigación UC analiza los límites que plantea la nueva ley de derechos y deberes de los pacientes
Fecha: 21 de noviembre 2012
Una gran asistencia de integrantes de comités de ética de distintas instituciones académicas y de salud tuvo el III Curso de Bioética en Investigación “Problemas éticos frecuentes en investigación en seres humanos”, realizado el viernes 16 de noviembre en el Centro de Extensión UC.
Organizado por el Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Medicina UC y por el Centro de Bioética UC, el curso abordó entre otros temas el problema que plantea el Artículo 28 de la nueva Ley 20.584, que impide hacer investigación con personas “con discapacidad psíquica e intelectual que no puedan expresar su voluntad de participar”.
El rector de la UC, Ignacio Sánchez, abrió el curso realzando su importancia, ya que su propósito “es contribuir a la formación de los miembros de los comités de ética del país”. “Este curso está en el centro de lo que es la Universidad Católica. Queremos potenciar la ética porque está en el centro de todo nuestro quehacer”.
El Dr. Eduardo Guarda, presidente del Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Medicina, planteó el debate en relación al Artículo 28 de la nueva ley, explicando que esta es la única legislación en el mundo que impide la investigación en personas con discapacidad psíquica e intelectual. “Ahora queremos conocer el punto de vista de los representantes de los discapacitados que participan en investigaciones: cómo se han sentido, cuál ha sido su experiencia, qué opinan de este artículo de la ley; es decir: escuchar su voz en este tema”.
El primero en expresarse fue Rodrigo Osorio, representante de la Agrupación de Pacientes con Enfermedad de Huntington (una enfermedad neurológica progresiva que se manifiesta por trastornos motores y demencia progresiva). Él contó que desde su organización habían creado una red latinoamericana en torno a esta enfermedad, a través de la cual estaban trabajando en un estudio de observación clínica en el que participan 18 centros latinoamericanos; dos de ellos, chilenos. “No queremos que, a causa de esta nueva ley, se detenga todo lo que hemos organizado. Nuestra situación para liderar esta iniciativa se ve afectada con esta legislación”.
Agregó que con esta ley “se está discriminando a estas personas porque se las deja fuera de su derecho a participar en investigaciones que buscan mejorar su situación”. Con él coincidió la presidenta de la Fundación Down 21, Irma Iglesias: “Este artículo vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un carácter supranacional. Y tenemos las herramientas para presentar este caso a la ONU”, señaló, asegurando que los grandes avances que ha habido en la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down han sido gracias “a los médicos que investigan”.
La Dra. Trinidad Hoyl, geriatra UC, expuso sobre el tema desde el punto de vista de su especialidad: “El grupo de pacientes mayores ya sea con demencia senil o con enfermedad de Alzheimer tienen este mismo problema. Si no se puede investigar con ellos, ¿cómo vamos a seguir avanzando en asegurar un buen diagnóstico? ¿Cómo vamos a probar los nuevos test diagnósticos que permiten una detección temprana de la enfermedad?. Cuando aparezcan en Europa o en los EE.UU. trabajos con resultados promisorios en Alzheimer, y los familiares nos pidan probar en sus familiares los nuevos medicamentos, resulta que el artículo 28 de esta ley no nos permitirá hacerlo”.
La directora de Investigación de la Escuela de Medicina, Dra. Rommy von Bernhardi, quien además es investigadora en un nuevo enfoque para explicar el origen de la enfermedad de Alzheimer, expresó que éste es un tema de la mayor relevancia. “Con esta ley, los investigadores quedamos limitados para mejorar las alternativas terapéuticas que hoy existen, por ejemplo, para la Enfermedad de Alzheimer”.
Verdadera protección
La doctora Von Bernhardi enfatizó la necesidad de modificar la ley en este punto ya que, tal y como está redactada, impide su corrección a través de un reglamento. “Está muy bien la intención de evitar el uso de personas vulnerables, pero esto no debe restringir su posibilidad de acceder a mejores diagnósticos, tratamientos y apoyo”, agregó.
La expositora internacional del curso, Carla Sáenz –PhD, Regional Bioethics Advisor de la Organización Panamericana de la Salud, dependiente de la Organización Mundial de la Salud– se refirió a este tema haciendo ver que la ética de la investigación se ha ido construyendo en un proceso de aprendizaje a través de la historia. “Con frecuencia hemos reglamentado más de lo recomendable y ha sido con una buena intención”, dijo, coincidiendo con los anteriores expositores en el sentido de la nueva legislación se hizo intentado proteger a las personas. Sin embargo, todos coincidieron también en que es el rol de los comités de ética la protección de los seres humanos que participan en estudios científicos.
“Compartimos el objetivo de proteger a los más vulnerables. La discusión está en la herramienta para lograr esto. Si el medio utilizado para lograrlo genera otra vulnerabilidad para estas personas, no es aceptable”, dijo la doctora Carla Sáenz, deseando que el debate que se empezará a dar en el país por este tema dé buenos frutos.
Otros temas relevantes que se abordaron el curso fueron la investigación que hoy se está realizando en el ámbito de la ética de la investigación y por qué es importante que los comités de ética colaboren con estos estudios. Por la tarde hubo una mesa redonda sobre el “Seguimiento de los protocolos de investigación biomédica”, a cargo de los doctores Gustavo Kaltwasser, Manuel Santos y Hellen Rosenbluth.