La asignación de funciones para el cumplimiento de objetivos en materia de salud en los países está compuesta por diversos criterios que permiten mejorar este proceso y así garantizar un servicio óptimo.
Fecha: 5 de marzo 2020
Para entender cómo opera el sistema de Salud Pública es necesario saber de qué se está hablando y aquello requiere identificar los elementos que lo componen para así determinar por qué algunas de estas estructuras son más eficientes que otras a nivel internacional y, con ello, entregar una mejor asistencia a la población.
Esto fue explicado en un reporte emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace dos décadas en el que se estipula que “el ideal a alcanzar es la cobertura universal, es decir, no dejar a nadie fuera de las prestaciones de salud y evitar que las personas no deban incurrir en catástrofe financiera” para acceder a diversas prestaciones.
De acuerdo al doctor Manuel Espinoza, académico de la Escuela de Medicina, el sistema de salud pública puede ser dividido en tres aspectos, el primero es el acceso “que esa salud que producen en la población tiene que tener una distribución justa”, también se debe atender la “satisfacción usuaria” que mantiene relación con “la experiencia que tienen los pacientes cuando van al sistema de salud” y finalmente que “la distribución de los resultados de salud sea justa y que el cómo se financia esta salud sea también justa en términos de la capacidad de pago de las personas”.
El doctor Jorge Jiménez, académico de Salud Pública UC y ministro de Salud entre 1990 y 1992, está de acuerdo con estos dominios expuestos por la OMS y agrega que existen distintas formas de valorar los sistemas de salud. “Cuando se mide el desempeño de un sistema de salud según la expectativa de vida, sobre los 70 años es bueno, entonces si Chile está acercándose a los 80 años es muy bueno. Pero eso no está dando respuesta sensible a las expectativas no médicas de la población, es decir, que les atiendan bien, que miren a los ojos, que el doctor no esté todo el rato mirando la pantalla. Ahí es cuando la gente sale descontenta, y por eso es importante la humanización de la medicina”.
Para lograr estos estándares es necesario que exista un ente regularizador en los sistemas de salud. Tal como lo explica el doctor Espinoza, esta función, denominada rectoría, recae en el Ministerio de Salud y le entrega la responsabilidad de regular y fiscalizar tanto a los prestadores, a través de la Superintendencia de Salud, así como los medicamentos, los dispositivos médicos, las pruebas de laboratorio, a cargo del Instituto de Salud Pública.
La rectoría es una de las cuatro funciones -determinadas por la OMS- que asegura que el sistema de salud pública no es sólo salud, sino que también implica “los cuidados que reciben las personas, su experiencia en el sistema de salud, que la distribución y el cómo se financia sean justos, esto último en términos de la capacidad de pago de las personas”.
Los otros parámetros son el financiamiento, la provisión de servicios y la generación de infraestructura y capital humano.
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
La importancia del financiamiento en los sistemas de salud nace porque esta es la forma en que se puede mantener la entrega de estos servicios. “Aquí está el cómo inviertes en hospitales, camas, pabellones, máquinas, la formación de recursos humanos, la educación continua, y el financiamiento, que probablemente es la parte más seria, porque la medicina se encareció en los últimos 40 o 50 años, entonces hoy el gran problema es cómo financias y cómo manejas esos recursos”, comenta el doctor Jiménez.
“Ahí está el cómo la recaudas. Si la recaudas directamente del sueldo de las personas o de los impuestos, si la recaudas con impuestos marcados, por ejemplo, un impuesto al tabaco que sea para destinarlo a salud, porque el principal daño del tabaco es a la salud”.
Espinoza, por su parte, aclara que el financiamiento se divide en tres etapas: La recaudación, de dónde uno obtiene la plata; la mancomunación, cómo se junta la plata; y finalmente la compra, porque una cosa es reunir el dinero y otra es en qué se gasta, cómo se gasta y qué precios se paga.
La primera tiene relación con los impuestos generales y específicos, además de “las contribuciones obligatorias que hacemos los que trabajamos. Cuando trabajamos hay un 7% de nuestro salario que obligatoriamente lo tenemos que asignar a un asegurador de salud”. Junto a esto se encuentran las contribuciones voluntarias que pagan las personas que se encuentran en el sistema privado de isapres.
De acuerdo a la Constitución las personas pueden escoger entre el sistema público y el privado, Fonasa y las isapres, pero “en la práctica eso no se cumple completamente, porque ni la gente que está en Fonasa ni toda la gente que está en isapre tiene necesariamente acceso a todo, de acuerdo a lo que dice la Constitución”, detalla Espinoza.
Con esto, el doctor se refiere a ciertas prestaciones que ninguno de los dos sistemas garantiza realmente. “Si alguien tiene un cáncer o una enfermedad catastrófica, aunque sea de isapre, hay muchas tecnologías que no están cubiertas en el sistema” y no son financiadas por los seguros a pesar de lo que estipula la carta magna.
La segunda etapa se relaciona con lo que ocurre actualmente en Chile y es que cada asegurador, cada isapre y Fonasa, tiene un fondo particular, entonces alguien va a Fonasa y el dinero que tiene Fonasa lo gasta para cubrir los gastos de su población, y lo mismo cada una de las isapres. El problema está “sobre todo en el sector privado, donde quienes tienen incentivos para afiliar a aquella población que genera menos gastos: los más sanos, jóvenes y sin preexistencias, en definitiva, con menos riesgo. Esta población se asocia a un mayor poder adquisitivo lo que termina generando un sistema de seguridad para ricos y otro para pobres.”, comenta el experto.
En tanto, la tercera etapa es la compra y se divide según si se trata del sector privado o el público. Mientras las clínicas tienen un “sistema de pagar la cuenta” que consiste en que los pacientes pagan la consulta que luego puede ser reembolsada por la isapre. Así se genera un “pago por servicio” y a ojos del doctor Espinoza “no es un muy buen mecanismo porque induce al prestador a hacer muchos más servicios, porque mientras más doy, más cobro”.
“En el sector público se han implementado otros mecanismos de pago, entonces cuando alguien va a la atención primaria de salud y lo que se implementa ahí es un sistema de pago per cápita en el que el director de un consultorio tiene 100 pacientes y se le paga mensualmente por paciente para que el consultorio le dé todo el cuidado de salud que se ha definido en unos estándares que se llama ‘plan de salud familiar’”.
