Académicos de salud pública de las universidades de Chile y Católica elaboran documento conjunto sobre cambios a la ley de tabaco
Fecha: 28 de diciembre 2011
La iniciativa es parte de una alianza entre ambas casas de estudios, que busca entregar una postura especializada en los debates nacionales sobre políticas de salud. En este caso, los expertos coinciden en que se debe mejorar la actual legislación que busca combatir el tabaquismo.
Especialistas de la Escuela de Salud Pública de Universidad de Chile y del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile sostuvieron el lunes 26 de diciembre un encuentro de trabajo para analizar el tema del tabaquismo y de las políticas nacionales en torno a su control.
Los académicos abordaron este tema motivados por los proyectos de ley que se debaten en el Congreso y que buscan endurecer las políticas en contra de este consumo. “Las dos instituciones manifiestan su acuerdo con la necesidad de mejorar la legislación chilena sobre el consumo de tabaco y subrayan la inconveniencia de que los proyectos de ley sufran modificaciones que les resten fuerza, como se ha podido observar en la tramitación de algunas de sus indicaciones”, señaló el Dr. Gonzalo Valdivia, jefe del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, al finalizar el encuentro.
Por su parte, el Dr. Oscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, dijo que en esta materia “no caben posiciones neutras, ya que estamos hablando de factores de riesgo para la salud que no dependen de la voluntad de las personas, como es el caso de quienes deben trabajar en un ambiente contaminado, sin posibilidad de elección”. Asimismo, destacó la importancia de que los argumentos científicos que avalan la necesidad de reducir el consumo de tabaco, sean conocidos y tomados en cuenta por los legisladores.
La reunión se realizó en el Departamento de Salud Pública UC y se inició con las ponencias de algunos especialistas. La Dra. Verónica Iglesias, de la Universidad de Chile, expuso resultados de su proyecto FONIS que muestra que los trabajadores de bares, pubs y restaurantes en los que se puede fumar tienen 10 veces más cotinina -un contaminante del humo del tabaco- en su organismo que quienes trabajan en recintos para no fumadores. Luego, la profesora María Teresa Valenzuela, de la misma universidad, dio a conocer un estudio de opinión que indica, entre otras cosas, que los fumadores muestran su disposición a seguir yendo a sus restaurantes o bares favoritos aun cuando en éstos no se pueda fumar.
Los profesores de la Universidad Católica, en tanto, mostraron datos de las versiones 2010 y 2003 de la Encuesta Nacional de Salud que indican que la prevalencia del tabaquismo en Chile sigue siendo la misma –casi un 41%– después de que entró en vigencia la actual ley de tabaco, y que el promedio de cigarrillos diarios que consumen los fumadores aumentó de 8 a 10 en el lapso en que se realizaron ambas encuestas. De acuerdo con el modelo de progresión de la epidemia de tabaco, Chile está en una fase avanzada en la cual urge extremar la calidad de la legislación, lo que debería involucrar restricciones importantes a la publicidad y a la venta de cigarrillos y productos del tabaco, prohibición de fumar en espacios cerrados y apoyo a la cesación del hábito.
Después de las presentaciones, los académicos sostuvieron una mesa de discusión, cuyo contenido será recogido en un documento que fijará la posición de ambas instituciones. Los profesores que participaron por la Universidad de Chile fueron los doctores Óscar Arteaga (director de la Escuela de Salud Pública), Marcos Vergara, y Verónica Iglesias, y la profesora María Teresa Valenzuela. Por la Universidad Católica de Chile participaron los doctores Gonzalo Valdivia, Gabriel Bastías, Jorge Jiménez, Paula Bedregal, Claudia Bambs y Helia Molina, y el profesor Camilo Cid.
Este es el segundo encuentro que se realiza en el marco de esta alianza. El primero se realizó en abril, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el tema que se discutió fue el financiamiento de la salud, en el marco de la discusión sobre la llamada “ley corta de isapres”.
